Análisis crítico: Protección a víctimas y testigos en el sistema penal del Ecuador
Critical analysis: Protection of victims and witnesses in the ecuadorian criminal systemContenido principal del artículo
Este artículo realiza una revisión crítica del SPAVT en Ecuador, mecanismo clave para proteger a las personas que colaboran con la justicia penal. Su objetivo central es identificar limitaciones normativas y operativas, subrayando que su base es un reglamento administrativo sin jerarquía legal. Se emplea una metodología cualitativa que combina análisis documental, derecho comparado con los sistemas de Colombia y Argentina, y entrevistas a funcionarios del sistema en Manabí. Los hallazgos revelan vacíos importantes: ausencia de protocolos diferenciados para grupos vulnerables, recursos logísticos y humanos insuficientes, y fallas en la confidencialidad, lo que resulta en una protección ineficaz frente al crimen organizado. Se concluye con la necesidad de realizar una reforma legal mediante una ley orgánica que otorgue autonomía, asegure financiamiento estable y establezca procedimientos específicos para garantizar una protección integral y conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
This article conducts a critical review of the SPAVT in Ecuador, a key mechanism to protect people who cooperate with the criminal justice system. Its central objective is to identify normative and operational limitations, emphasizing that its basis is an administrative regulation without legal hierarchy. A qualitative methodology is used, combining documentary analysis, comparative law with the systems of Colombia and Argentina, and interviews with officials from the system in Manabí. The findings reveal important gaps: lack of differentiated protocols for vulnerable groups, insufficient logistical and human resources, and breaches of confidentiality, which result in ineffective protection against organized crime. It is concluded that legal reform is needed through an organic law that grants autonomy, ensures stable financing, and establishes specific procedures to guarantee comprehensive protection in line with international human rights standards.
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Detalles del artículo
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