Inconstitucionalidad del inciso 2 del artículo 71 de la Ley de Contraloría vulnera derecho de petición
Unconstitutionality of subsection 2 of article 71 of the comptroller general’s law violates the right to petitionContenido principal del artículo
La presente investigación analiza la compatibilidad constitucional del inciso segundo del artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, disposición que establece la caducidad de la facultad administrativa para resolver los recursos de revisión y reconsideración cuando transcurre un año sin pronunciamiento, produciendo la firmeza de las resoluciones originales. El estudio tuvo como objetivo determinar si esta consecuencia jurídica resulta compatible con el derecho de petición, el debido proceso, la garantía de motivación y la seguridad jurídica. Se empleó un enfoque cualitativo, mediante los métodos teórico-jurídico y exegético-analítico, complementados con revisión documental de normas, doctrina y jurisprudencia nacional e internacional, así como un análisis comparado de los ordenamientos de España y Colombia. Los resultados evidencian una tensión constitucional cuando la firmeza de la resolución impugnada deriva de una demora atribuible a la Administración, debido a que el administrado puede quedar sin una respuesta de fondo y motivada sobre su recurso. Se concluye que la aplicación de esta disposición puede resultar incompatible con las garantías constitucionales cuando traslada al administrado las consecuencias de la inactividad administrativa, por lo que resulta jurídicamente pertinente revisar su constitucionalidad y considerar una reforma que preserve la eficacia administrativa sin menoscabar los derechos del administrado.
This study analyzes the constitutional compatibility of subsection 2 of Article 71 of the Organic Law of the Comptroller General of the State, a provision that establishes the expiration of the administrative authority to resolve review and reconsideration appeals when one year elapses without a decision, resulting in the finality of the original decisions. The study aimed to determine whether this legal consequence is compatible with the right to petition, due process, the guarantee of reasoned decisions, and legal certainty. A qualitative approach was employed using theoretical-legal and exegetical-analytical methods, complemented by documentary review of national and international laws, legal scholarship, and case law, as well as a comparative analysis of the legal systems of Spain and Colombia. The results reveal a constitutional tension when the finality of the challenged decision results from a delay attributable to the Administration, since the affected party may be left without a substantive and reasoned response to the appeal. It is concluded that the application of this provision may be incompatible with constitutional guarantees when it shifts the consequences of administrative inaction onto the affected party. Therefore, reviewing its constitutionality and considering an amendment that preserves administrative effectiveness without undermining the rights of the affected party is legally appropriate.
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