Régimen jurídico de la prueba documental electrónica en el proceso civil ecuatoriano
The Legal Framework of Electronic Documentary Evidence in Ecuadorian Civil ProcedureContenido principal del artículo
La transformación digital de la administración de justicia ha incorporado los documentos electrónicos como soporte probatorio en los procesos civiles del Ecuador. Es por ello que el objetivo de la investigación consistió en analizar el régimen jurídico de la prueba documental electrónica en el proceso civil ecuatoriano. El estudio adoptó un enfoque cualitativo con diseño dogmático-jurídico, análisis documental de normas, doctrina y jurisprudencia, junto con el método comparado respecto de Chile, Colombia, Argentina y México. Los resultados evidencian que el Código Orgánico General de Procesos reconoce la validez de los documentos electrónicos, pero carece de estándares técnicos específicos para su valoración, con vacíos en cadena de custodia digital y en la formación de operadores jurídicos. Se concluye que, el desafío principal radica en la ausencia de mecanismos normativos y técnicos que aseguren una aplicación uniforme de la prueba electrónica dentro del proceso civil, lo que compromete la seguridad jurídica.
The digital transformation of the administration of justice has integrated electronic documents as evidentiary support in civil proceedings in Ecuador. Consequently, the research objective was to analyze the legal framework of electronic documentary evidence in the Ecuadorian civil procedure. The study adopted a qualitative approach with a dogmatic-legal design, employing documentary analysis of statutes, doctrine, and case law, alongside a comparative method involving Chile, Colombia, Argentina, and Mexico. The findings reveal that although the General Organic Code of Processes (Código Orgánico General de Procesos - COGEP) recognizes the validity of electronic documents, it lacks specific technical standards for their evidentiary assessment, with significant gaps in the digital chain of custody and the training of legal practitioners. The study concludes that the primary challenge lies in the absence of normative and technical mechanisms to ensure a uniform application of electronic evidence within civil proceedings, which compromises legal certainty.
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