Desnaturalización de la acción de protección en casos de desvinculaciones de servidores públicos

• Resumen
• Abstract

La acción de protección constituye una garantía jurisdiccional prevista en la Constitución de la República del Ecuador para la tutela directa y eficaz de los derechos constitucionales frente a actos u omisiones de autoridades públicas. No obstante, en la práctica jurídica se ha evidenciado un uso recurrente de esta garantía en conflictos derivados de la desvinculación de servidores públicos, lo que ha generado cuestionamientos sobre su correcta aplicación y sobre los límites entre la justicia constitucional y la jurisdicción contencioso-administrativa. El presente estudio tuvo como objetivo analizar la desnaturalización de la acción de protección en casos de desvinculación de servidores públicos. La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, combinando análisis doctrinario y jurisprudencial con la aplicación de encuestas a abogados en libre ejercicio. La muestra estuvo conformada por 383 profesionales del derecho. Los resultados evidenciaron que la mayoría de los participantes considera que la acción de protección se utiliza con frecuencia como una vía sustitutiva de los procedimientos administrativos y contencioso-administrativos, lo que genera efectos en la seguridad jurídica, la gestión administrativa y la carga del sistema judicial. Se concluye que el uso reiterado de esta garantía en conflictos laborales del sector público refleja una ampliación de su aplicación más allá de los supuestos constitucionales que justifican su procedencia.

The action for protection is a jurisdictional guarantee provided for in the Constitution of the Republic of Ecuador for the direct and effective protection of constitutional rights against acts or omissions by public authorities. However, in legal practice, there has been recurrent use of this guarantee in conflicts arising from the dismissal of public servants, which has raised questions about its correct application and the boundaries between constitutional justice and contentious-administrative jurisdiction. The objective of this study was to analyze the denaturalization of protective action in cases of dismissal of public servants. The research was conducted using a mixed approach, combining doctrinal and jurisprudential analysis with surveys of practicing lawyers. The sample consisted of 383 legal professionals. The results showed that the majority of participants consider that protective action is frequently used as a substitute for administrative and contentious-administrative proceedings, which has an impact on legal certainty, administrative management, and the burden on the judicial system. It is concluded that the repeated use of this guarantee in public sector labor disputes reflects an expansion of its application beyond the constitutional cases that justify its use.