La caducidad del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y sus efectos en la fiscalización

• Resumen
• Abstract

El artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece un plazo perentorio para la tramitación y aprobación de los informes de auditoría gubernamental, cuya inobservancia produce la caducidad de la potestad fiscalizadora por pérdida de competencia en razón del tiempo. El presente estudio tuvo como objetivo analizar la caducidad prevista en dicha norma y sus efectos en la fiscalización pública en el Ecuador. La investigación adoptó un enfoque jurídico-dogmático con apoyo cuantitativo, incorporando análisis normativo, jurisprudencial y comparado, así como la aplicación de una encuesta a 383 abogados en libre ejercicio profesional. Los resultados evidenciaron que, si bien el establecimiento de un plazo responde al principio de seguridad jurídica, su configuración rígida puede limitar la determinación de responsabilidades administrativas, civiles y penales en casos complejos, especialmente aquellos relacionados con presunta corrupción. Asimismo, se identificó una percepción mayoritaria respecto a que la caducidad impacta negativamente en la transparencia y en la confianza institucional. El estudio concluye que la problemática no radica en la existencia de la caducidad como institución jurídica, sino en su diseño normativo absoluto, por lo que se plantea la necesidad de incorporar criterios de proporcionalidad y excepcionalidad que armonicen la seguridad jurídica con la eficacia del control fiscal.

Article 26 of the Organic Law of the Comptroller General of the State establishes a peremptory term for the processing and approval of government audit reports, the non-observance of which produces the expiration of the auditing power due to loss of competence by reason of time. The purpose of this study was to analyze the expiration provided for in this regulation and its effects on public auditing in Ecuador. The research adopted a legal-dogmatic approach with quantitative support, incorporating normative, jurisprudential and comparative analysis, as well as the application of a survey to 383 lawyers in free professional practice. The results showed that, although the establishment of a time limit responds to the principle of legal certainty, its rigid configuration may limit the determination of administrative, civil and criminal responsibilities in complex cases, especially those related to alleged corruption. Likewise, a majority perception was identified that the expiration of the time limit has a negative impact on transparency and institutional trust. The study concludes that the problem does not lie in the existence of the statute of limitations as a legal institution, but in its absolute normative design, which raises the need to incorporate criteria of proportionality and exceptionality that harmonize legal certainty with the effectiveness of fiscal control.