Incumplimiento del pago a plazo del adjudicatario y su impacto procesal en Ecuador

• Resumen
• Abstract

El incumplimiento de pago del adjudicatario no es un hecho aislado, sino un fenómeno que compromete la efectividad del sistema judicial, la seguridad jurídica de los acreedores y la confianza en los mecanismos de ejecución. De ahí que el objetivo principal del artículo es: identificar el impacto procesal que genera el incumplimiento de pago del adjudicatario al acreedor que ha llegado hasta la instancia del remate buscando recuperar valores. El diseño es documental, lo que implica la revisión y análisis de fuentes documentales del tema de estudio. El principal hallazgo evidencia un vacío normativo en Ecuador: mientras el incumplimiento en pagos al contado tiene sanciones ágiles, en la modalidad a plazo no existe consecuencia alguna, obligando al acreedor a iniciar un nuevo juicio ejecutivo. Esto genera un impacto procesal negativo que contrasta con Colombia, Chile y Perú, países que sí prevén sanciones efectivas como pérdida de caución e inhabilitación temporal. En conclusión, el vacío normativo en pagos a plazo genera un impacto procesal negativo.

Default on payment by the successful bidder is not an isolated incident, but rather a phenomenon that compromises the effectiveness of the judicial system, the legal certainty of creditors, and confidence in enforcement mechanisms. Therefore, the main objective of this article is to identify the procedural impact of default on the creditor who has reached the auction stage seeking to recover funds. The study employs a documentary approach, involving the review and analysis of documentary sources on the subject. The main finding reveals a regulatory gap in Ecuador: while default on cash payments carries swift sanctions, defaults on installment payments have no consequences, forcing the creditor to initiate a new enforcement proceeding. This generates a negative procedural impact that contrasts with Colombia, Chile, and Peru, countries that do provide for effective sanctions such as forfeiture of security and temporary disqualification. In conclusion, the regulatory gap regarding installment payments generates a negative procedural impact.