Implementación de la eutanasia en Ecuador mediante estándares claros y verificables que garanticen autonomía, dignidad e igualdad y eviten vulneraciones de derechos
Implementation of euthanasia in Ecuador through clear and verifiable standards that guarantee autonomy, dignity, and equality and prevent violations of rightsContenido principal del artículo
La Sentencia 67-23-IN/24 de la Corte Constitucional habilitó la eutanasia activa voluntaria bajo condiciones estrictas y ordenó su regulación sanitaria. El Acuerdo Ministerial 00059-2024 estableció un procedimiento operativo, pero persisten riesgos: consentimiento bajo presión, objeción de conciencia expansiva, brechas territoriales y protección insuficiente de datos sensibles. Este artículo propone estándares constitucionales, bioéticos y operativos para prevenir vulneraciones, vinculando la tutela judicial efectiva (art. 75 de la Constitución) con el debido proceso sanitario y reforzando salvaguardas verificables en consentimiento, acceso equitativo, objeción de conciencia, trazabilidad y datos personales. Se contrasta la experiencia ecuatoriana con Colombia (C-239/97) y España (LO 3/2021) para derivar indicadores de cumplimiento aplicables al MSP, comités y establecimientos de salud. Se concluye que el reglamento vigente requiere ajustes y métricas públicas para garantizar un acceso real, no discriminatorio y respetuoso de la autonomía y la dignidad.
The Constitutional Court’s Ruling 67-23-IN/24 enabled voluntary active euthanasia under strict conditions and mandated health regulation. Ministerial Agreement 00059-2024 set an operational procedure, yet risks remain: coerced consent, expansive conscientious objection, territorial gaps, and weak protection of sensitive data. This paper proposes constitutional, bioethical, and operational standards to prevent rights violations, linking effective judicial protection (Const. art. 75) to due process in health decisions and strengthening verifiable safeguards for consent, equity, objection, traceability, and data. Ecuador is contrasted with Colombia (C-239/97) and Spain (LO 3/2021) to derive indicators for the Ministry of Health, committees, and facilities. We conclude that current regulation needs adjustments and public metrics to ensure non-discriminatory access that respects autonomy and dignity.
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Detalles del artículo
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