Automatización notarial mediante inteligencia artificial en Ecuador: desafíos constitucionales y el derecho a la seguridad jurídica

• Resumen
• Abstract

La inteligencia artificial (IA) comienza a incorporarse en diversas funciones jurídicas, incluida la labor notarial, estrechamente vinculada con la seguridad jurídica, la fe pública y la certeza de los actos en el Ecuador. Esta investigación analiza el impacto de la IA en la automatización notarial y sus implicaciones para el derecho a la seguridad jurídica. El estudio, desarrollado bajo un enfoque cualitativo y un criterio dogmático-constitucional, busca identificar las condiciones jurídicas que permitan una incorporación legítima y compatible con el ordenamiento constitucional. Los resultados muestran que, pese a los avances en digitalización, el país carece de una regulación específica sobre IA notarial, generándose riesgos de sesgos, opacidad y debilitamiento del juicio humano en actos que requieren valoración jurídica. Se concluye que la IA puede apoyar la función notarial, siempre que su uso se base en un marco normativo expreso que garantice supervisión humana, trazabilidad y protección efectiva del derecho a la seguridad jurídica.

Artificial intelligence (AI) is beginning to be incorporated into various legal functions, including notarial work, which is linked to legal certainty, public trust, and the certainty of legal acts in Ecuador. This research analyzes the impact of AI on notarial automation and its implications for the right to legal certainty. The study, developed using a qualitative approach and a dogmatic-constitutional criterion, seeks to identify the legal conditions that allow for its legitimate incorporation and compatibility with the constitutional order. The results show that, despite advances in digitization, the country lacks specific regulations on notarial AI, generating risks of bias, opacity, and weakening of human judgment in acts that require legal assessment. It concludes that AI can support the notarial function, provided that its use is based on an explicit regulatory framework that guarantees human oversight, traceability, and effective protection of the right to legal certainty.