A la luz de los criterios de la Corte Nacional De Justicia y la Corte Constitucional, cual es la vía idónea para la extinción de nombramientos permanentes ¿acción de lesividad o revisión de oficio?
In light of the criteria established by the National Court of Justice and the Constitutional Court, which is the appropriate legal avenue for the termination of permanent appointments: an action for lesivity or ex officio review?Contenido principal del artículo
La investigación comprende el estudio y análisis jurídico de los criterios emitidos por la Corte Constitucional y la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, toda vez que existen criterios divergentes al referirse a la extinción de nombramientos extendidos dentro de un concurso de méritos y oposición en el sector público. El problema jurídico radica en que la Corte Constitucional ha señalado que en todos los casos cuando la administración pública haya otorgado un nombramiento permanente, para poder extinguir dicho acto administrativo se debe iniciar la acción de lesividad, sustentando su criterio en la protección de derechos como el trabajo y la seguridad jurídica; en tanto que, la Corte Nacional de Justicia ha expresado que la lesividad no es el único medio adecuado para proceder con la extinción de un nombramiento, y que cuando existen casos en que el acto administrativo nació nulo, es procedente que la misma administración pública en el ejercicio de su acción de revisión de oficio, provenga a expulsar del mundo jurídico un acto administrativo inclusive así haya generado derechos. Por consiguiente, es importante analizar esta tensión interpretativa para determinar cuál es el mecanismo procedente y colaborar significativamente a la certeza jurídica y eficacia de la administración pública. El estudio es de diseño no experimental con un enfoque cualitativo, de alcance, explicativo y analítico, de tipo jurídico descriptivo y dogmático, basado en una revisión documental, bibliográfica y jurisprudencial. Los hallazgos indican que se aplica la acción de lesividad frente a actos administrativos favorables y regulares, por ello, si se extiende un nombramiento permanente con omisión del concurso de méritos y oposición, este debe extinguirse directamente a través de la revisión de oficio al ser un acto favorable pero irregular.
The investigation includes the study and legal analysis of the criteria issued by the Constitutional Court and the Specialized Chamber for Administrative Disputes of the National Court of Justice, given that there are divergent criteria regarding the termination of appointments made through a merit-based competitive examination in the public sector. The legal problem lies in the fact that the Constitutional Court has indicated that in all cases where the public administration has granted a permanent appointment, in order to terminate said administrative act, an action for damages must be initiated, basing its criteria on the guarantee of rights such as work and legal certainty; Meanwhile, the National Court of Justice has stated that an action for damages is not the only appropriate means of terminating an appointment and that, in cases where the administrative act was null and void from the outset, it is appropriate for the public administration itself, in the exercise of its power of review, to remove an administrative act from the legal sphere, even if it has generated rights. Therefore, it is important to analyze this interpretative tension in order to determine the appropriate mechanism and contribute significantly to legal certainty and the effectiveness of public administration. The study is non-experimental in design with a qualitative approach, descriptive, explanatory, and analytical in scope, legal, documentary, and descriptive in nature, based on a review of documents, bibliography, and case law. The findings indicate that the action of lesividad is applied to favorable and regular administrative acts. Therefore, if a permanent appointment is extended without a merit-based competitive examination, it must be directly terminated through ex officio review, as it is a favorable but irregular act.
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