Análisis comparativo del asilo político en Ecuador y México: diferencias normativas y su aplicación

• Resumen
• Abstract

El derecho constitucional ecuatoriano reconoce el derecho de Asilo Político como una protección que otorga el Estado a una persona extranjera que ha venido a solicitarla. El objetivo de este estudio fue realizar un análisis exhaustivo referente a la normativa del Asilo Político en Ecuador y México, identificando diferencias procedimentales y desafíos en su aplicación, planteando como problema jurídico la posible instrumentalización de este mecanismo por figuras políticas que buscan evadir la justicia. Se emplea una metodología cualitativa con enfoque comparativo, basada en el análisis de normativas nacionales, tratados internacionales ratificados por el Estado y casos relevantes. Los resultados evidencian que Ecuador prioriza un enfoque inclusivo, mientras que México adopta un modelo más estructurado, pero burocrático, ambos países enfrentan dificultades en la integración de asilados y en la diferenciación entre persecución legítima y uso indebido de este derecho, concluyendo que existe necesidad de fortalecer los mecanismos de evaluación y supervisión.

Ecuadorian constitutional law recognizes the right to political asylum as a protection granted by the State to a foreigner who has requested it. The objective of this study was to conduct a comprehensive analysis of the political asylum regulations in Ecuador and Mexico, identifying procedural differences and challenges in their application, and raising the potential for the exploitation of this mechanism by political figures seeking to evade justice as a legal issue. A qualitative methodology with a comparative approach is used, based on the analysis of national regulations, international treaties ratified by the State, and relevant cases. The results show that Ecuador prioritizes an inclusive approach, while Mexico adopts a more structured but bureaucratic model. Both countries face difficulties in integrating asylum seekers and in differentiating between legitimate persecution and misuse of this right. The conclusion is that there is a need to strengthen evaluation and oversight mechanisms.