https://revistalex.org
Volumen
7, No. 25, julio-septiembre 2024
ISSN:
2631-2735
Páginas
450 – 464
La incidencia de la inseguridad en el ejercicio del derecho a
la defensa como garantía del debido proceso en el ecuador
The impact of insecurity in the
exercise of the right to defense as a guarantee of due process in ecuador
Lissette Stefania
Suarez Lindao
lissette_suarezl@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0009-2813-8822
Grey Renee Chichande
Bustamante
greysch@hotmail.es
https://orcid.org/0009-0007-1612-7742
Edward Fabricio
Freire Gaibor
edwfreireg@gmail.com
https://orcid.org/0009-0009-2913-8445
Universidad Bolivariana del Ecuador. Durán, Ecuador
Artículo recibido 23 de abril 2024 | Aceptado 17 de mayo 2024 | Publicado
25 de julio 2024
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https://doi.org/10.33996/revistalex.v7i25.193
El objetivo de este
artículo es el de analizar cómo el derecho a la defensa se ha establecido como
una garantía legal intrínseca del debido proceso en Ecuador, explorando su
evolución histórica, su marco legal y su impacto en la búsqueda de la justicia.
El metodo utilizado fue una investigación documental basada en la revisión de
fuentes bibliográficas, utilizando la metodología de Revisión Sistemática de
Literatura, utilizando el el método propuesto por Kitchenham para realizar
revisiones sistemáticas de literatura. En los resultados de esta investigación,
se destaca el papel crucial del derecho a la defensa en el marco jurídico
ecuatoriano, describiendo su evolución, su importancia y los desafíos actuales.
Se subraya su contribución a la justicia, equidad y protección de derechos
fundamentales, resaltando la necesidad de adaptación continua para cumplir con
estándares internacionales.
Palabras clave: Debido proceso; Derecho a la defensa; Garantía legal; Justicia;
Sistema judicial
ABSTRACT
Key words: Due process; Right to defense; Due process;
Legal guarantee; Justice; Judicial system
RESUMO
O objetivo deste artigo é analisar como se estabeleceu o direito de
defesa como garantia jurídica intrínseca do devido processo legal no Equador,
explorando a sua evolução histórica, o seu enquadramento legal e o seu impacto
na prossecução da justiça. O método utilizado foi uma pesquisa documental baseada
na revisão de fontes bibliográficas, com recurso à metodologia da Revisão
Sistemática da Literatura, utilizando o método proposto por Kitchenham para a
realização de revisões sistemáticas da literatura. Os resultados desta
investigação destacam o papel crucial do direito de defesa no quadro jurídico
equatoriano, descrevendo a sua evolução, importância e desafios actuais.
Sublinha a sua contribuição para a justiça, a equidade e a proteção dos
direitos fundamentais, destacando a necessidade de adaptação contínua para
cumprir as normas internacionais.
Palavras-chave: Processo equitativo; Direito de
defesa; Garantia legal; Justiça; Sistema judicial; Sistema judicial
INTRODUCCIÓN
En el sistema
jurídico ecuatoriano, el principio del debido proceso se erige como un pilar fundamental que sustenta la
estructura legal y garantiza la protección de los derechos y las libertades
individuales de los ciudadanos. Este principio consagra la idea de que ningún
individuo puede ser privado de sus derechos fundamentales sin antes recibir un
tratamiento justo y equitativo por parte de las autoridades competentes.
Implica el derecho a ser notificado adecuadamente de los cargos en su contra,
el acceso a una defensa legal adecuada, la oportunidad de presentar pruebas y
argumentos en su favor, así como el derecho a un juicio imparcial ante un
tribunal independiente e imparcial.
De acuerdo con
Loor-Sáenz (2022) lo que se busca a través del debido proceso es la igualdad,
imparcialidad, respeto, justicia y legalidad, razón por la cual su importancia
radica en la adopción de las condiciones jurídicas que aseguren una apropiada
defensa para la persona procesada en cumplimiento a la regla de trato y
dignidad.
En este contexto, el
derecho a la defensa juega un papel esencial al garantizar que todas las
personas tengan acceso a una representación legal adecuada y justa en los
procedimientos judiciales. La observancia rigurosa del debido proceso no solo
fortalece la confianza en el sistema judicial, sino que también asegura que se
respeten los principios de justicia y equidad en todas las instancias legales.
Con relación al
derecho a la defensa en Ecuador, este encuentra sus raíces en la Constitución
Política, que establece que todas las personas tienen derecho a un debido
proceso y a la defensa. Esta disposición refleja un compromiso con los
principios fundamentales de la justicia y la equidad. Además, Ecuador es parte
de acuerdos internacionales que resaltan la importancia de garantizar el
derecho a la defensa, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La
evolución histórica del derecho a la defensa en Ecuador es testimonio de la
lucha constante por la justicia y la igualdad.
En la última década,
el panorama legal ha experimentado transformaciones significativas que han
fortalecido de manera considerable el derecho al debido proceso en el sistema
judicial. Reformas legislativas y modificaciones en la jurisprudencia han sido
implementadas con el objetivo de garantizar que los acusados reciban una
defensa adecuada desde el inicio mismo de cualquier proceso penal. Este avance
crucial no solo implica el acceso a abogados competentes, sino también la
provisión de recursos y tiempo suficientes para preparar una defensa sólida y
efectiva. Además, estas reformas han enfatizado la importancia de asegurar que
los acusados comprendan plenamente sus derechos y las implicaciones legales de
los cargos en su contra, promoviendo así una mayor transparencia y equidad en
el sistema judicial.
El objetivo de este
artículo es analizar cómo el derecho a la defensa se ha establecido como una
garantía intrínseca del debido proceso en Ecuador, describiendo su evolución
histórica, su marco legal y su impacto en la búsqueda de la justicia. Para el
cumplimiento de este objetivo se analizará como la actual situación en el
Ecuador con respecto a la corrupción y la inseguridad vulneran el goce del
derecho a la defensa y al debido proceso.
MÉTODO
En el presente
trabajo, se realizó una investigación documental basada en la revisión de
fuentes bibliográficas, utilizando la metodología de Revisión Sistemática de
Literatura (SRL por sus siglas en Ingles), la cual García (2021) describe como
“un tipo de revisión de la literatura que recopila y analiza críticamente
múltiples estudios o trabajos de investigación a través de un proceso
sistemático”. La búsqueda de la información se obtendrá de distintas fuentes
tales como: Google Scholar, Scielo, Redalyc, entre otros.
En esta revisión se
utilizó el método propuesto por Kitchenham
Para esta revisión de
la literatura, se plantearon las siguientes preguntas de investigación:
2. ¿En qué medida el Derecho a la Defensa se configura como una garantía
del debido proceso en el sistema judicial ecuatoriano?
3. ¿Cuáles son los desafíos más significativos que enfrenta la
implementación efectiva del derecho a la defensa en el sistema judicial
ecuatoriano, incluyendo aspectos como recursos limitados y calidad de la
representación legal?
4. ¿Cómo se comparan las disposiciones legales relacionadas con el
derecho a la defensa en Ecuador con los estándares internacionales y cuáles son
las áreas donde pueden existir discrepancias o necesidades de mejora?
Estrategias de
búsqueda
El proceso de
búsqueda de información se realizó de forma manual y electrónica. En el primer
caso se accedió a normas del ordenamiento jurídico del Ecuador como la
Constitución de la República, Código Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica de
la Defensoría del Pueblo, Código Orgánico de la Función Judicial y Acuerdos Internacionales.
En el segundo caso, a una serie de sitios y recursos de instituciones
gubernamentales y organismos internacionales que contienen informes técnicos; a
repositorios electrónicos de universidades de Ecuador con acceso a tesis
académicas de doctorados y artículos de revistas; a base de datos
bibliográficas de Google Académico; sitios de investigación científica como
Scielo, Rieoei, Researchgate, Dialnet, Redalyc.
Se usaron términos de
búsqueda (o palabras clave) con sus múltiples combinaciones y sinónimos, entre
los que se puede mencionar:
a) Derecho a la
Defensa
b) Protección de los
Derechos Fundamentales
c) Jurisprudencia en
Ecuador
d) Principios del
debido proceso.
Estos términos de
búsqueda fueron utilizados tanto en las secciones de títulos como en los
resúmenes, conclusiones y en las palabras clave (keywords).
Criterios de
inclusión y evaluación de la calidad
Las búsquedas dieron
como resultado un número considerable de recursos (40 documentos, entre los
años 2000 y 2022), de los cuales se eliminaron aquellos que no incluyeron todos
los objetivos de búsqueda, los que se asocian con el tema, pero responden a
otras áreas de estudio y los repetidos. Se ponderaron los de origen
ecuatoriano. De esa forma se filtraron 35 recursos, aunque no todos los
documentos finalmente sirvieron como aporte sustancial para responder a las
preguntas planteadas en esta revisión teórica.
Estos registros bibliográficos potencialmente relevantes se sometieron a
un proceso de selección de dos pasos. El primer paso fue una selección
preliminar a partir de la revisión del título del documento, del resumen y las
conclusiones para seleccionar aquellos que hacen referencia a temas
relacionados con el derecho a la defensa como
garantía del debido proceso. De
esta forma, se filtraron 30 documentos, los cuales fueron posteriormente
evaluados por las dos investigadoras.
El segundo paso fue
una selección rigurosa de los recursos que contenían información explícita. Para esto, se partió de una
lectura preliminar del contenido completo de los documentos referenciados en
los registros bibliográficos seleccionados en el primer paso.
Se ponderó en una
siguiente calificación los que corresponden al rango de fecha entre 2002 a
2022, seguido de los que tienen relación directa con las variables, luego con
las palabras clave, con el título; los estudios de origen ecuatoriano, y
finalmente, los que presentan un papel crucial del derecho a la defensa en el
marco jurídico ecuatoriano, evidenciando su evolución, importancia y desafíos
persistentes.
Con este filtro se
seleccionaron 20 registros bibliográficos, es decir, el 50% de los registros
potencialmente relevantes.
Así, el registro
estuvo conformado por 20 estudios (o recursos) a partir de los cuales se
realizó el proceso de extracción de datos.
Extracción y síntesis de la información
Luego de haber
seleccionado los recursos idóneos de acuerdo con los criterios establecidos
para la organización de los documentos de la revisión sistemática final, se
creó una base de datos en una matriz de extracción, cubriendo los siguientes
campos (criterios de análisis): título, autor, año de publicación, resumen,
tipo del documento (artículo, revista, capítulo de libro, tesis, medios de
comunicación etc.), las palabras claves y las conclusiones.
A partir de la
información organizada se agruparon los documentos en dos núcleos (año y
referencia), para realizar la síntesis. Ver figura 1
Figura 1. Distribución de artículos por año. Fuente: Elaboración propia
La Figura 1, muestra
la distribución anual de los artículos seleccionados donde se puede observar
que los estudios se concentran entre el intervalo 2002-2022. Asimismo, se puede
precisar un incremento de publicaciones en el año 2022.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este estudio
teórico del "Derecho a la Defensa como Garantía del Debido Proceso en
Ecuador", se subraya el papel crucial de este derecho en el marco jurídico
ecuatoriano. Un examen meticuloso de la literatura y jurisprudencia muestra que
el derecho a la defensa no es solo un principio constitucional arraigado en la
Constitución de 2008, sino también un soporte vital para garantizar la
justicia, la equidad y la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.
El derecho al debido
proceso, al ser un pilar fundamental en el sistema jurídico ecuatoriano,
protege los derechos fundamentales de los ciudadanos y actúa como un contrapeso
fundamental frente al poder del Estado y sus instituciones judiciales (Castillo, 2021). Sin
una defensa adecuada, los individuos se encontrarían en una situación de
vulnerabilidad extrema, enfrentándose a un sistema legal que podría imponer
decisiones arbitrarias o injustas. En ausencia de este derecho, la balanza se
inclinaría peligrosamente hacia el ejercicio arbitrario del poder estatal,
dejando a los ciudadanos expuestos a posibles abusos o violaciones de sus
derechos más básicos.
El debido proceso, es
uno de los derechos de rango constitucional que establece con mayor efectividad
su naturaleza en el campo de la justicia ordinaria; el debido proceso por sí
solo y como derecho es a su vez garantía de los demás derechos garantizados en
la Constitución, en efecto, no es solo un valor
intrínseco, también desempeña un papel esencial como garantía de otros derechos
establecidos en la Constitución (Contreras, 2022). De esta manera, se
establece como una base sólida para la protección y salvaguarda de las
garantías fundamentales de las personas, subrayando su importancia no solo como
un principio legal independiente, sino también como un medio crucial para
garantizar la integridad y equidad en el sistema legal.
Se nota que la
evolución histórica del derecho a la defensa en Ecuador ha sido influenciada
por reformas legales y cambios jurisprudenciales que han reforzado su
implementación, especialmente en el campo penal. Este progreso refleja un
compromiso constante con los estándares internacionales de derechos humanos y
la mejora continua del sistema judicial.
El análisis de la
literatura resalta que el derecho a la defensa no es simplemente un requisito
legal, sino un instrumento crucial para garantizar el acceso a la justicia y
equilibrar el poder entre el Estado y el individuo. Rodríguez
Además de la
Constitución, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) también contienen
disposiciones que protegen el derecho a la defensa en el Ecuador. Este código
establece los procedimientos para garantizar que los acusados tengan acceso a
un abogado de su elección o a un defensor público, lo que refuerza la
importancia de contar con una asistencia letrada en todo momento (Asamblea Nacional,
2021). El derecho a la defensa en Ecuador incluye varias garantías esenciales
para asegurar un debido proceso justo y equitativo. El acceso a un abogado
competente es uno de los pilares de esta garantía (Rodriguez, 2021).
El artículo 75 de la
Constitución de Ecuador establece que toda persona tiene derecho a ser asistida
por un abogado de su elección, o por un defensor público, desde el momento de
su detención o citación (Asamblea Constituyente, 2008). Esto garantiza que las
personas tendrán la asesoría legal necesaria para entender los procedimientos
legales y presentar sus argumentos de manera efectiva.
Su relevancia se
intensifica en casos de personas vulnerables, donde la asistencia legal
apropiada se vuelve un elemento clave para superar inequidades. A pesar de los
progresos, aún existen desafíos en la implementación efectiva del derecho a la
defensa en Ecuador, como la escasez de recursos, la corrupción, la inseguridad
y la sobrecarga del sistema judicial.
En el entramado del sector público en Ecuador, la
corrupción se erige como una sombra omnipresente, extendiendo sus tentáculos en
diversas esferas de la sociedad. Desde los políticos hasta los funcionarios de
base, la red de corrupción se teje con una complejidad alarmante. Los casos más
recurrentes de denuncias apuntan hacia figuras prominentes como políticos,
policías, inspectores de vehículos, personal del registro, funcionarios
ministeriales, recaudadores de impuestos e incluso instituciones educativas
como las universidades (Sánchez, 2021).
Ecuador se enfrenta a un desafío crucial en la gestión
de sus servicios públicos: garantizar la eficiencia, la transparencia y el
mérito en sus operaciones. Para lograrlo, es esencial establecer salvaguardias
efectivas que regulen la contratación y el desempeño de los funcionarios
públicos, esto implica no solo la adopción de códigos de conducta robustos,
sino también la implementación de medidas disciplinarias claras para aquellos
que violen estas normativas
(Trujillo, 2021).
La transparencia y la rendición de cuentas son pilares
fundamentales en la administración de las finanzas públicas. Es imperativo
establecer mecanismos que permitan un escrutinio público adecuado de los
procesos financieros, así como requisitos específicos para prevenir la
corrupción en áreas críticas como el poder judicial y la contratación pública (Trujillo, 2021).
En relación a lo anterior, Ecuador se ha visto inmerso
en un complejo escenario marcado por el aumento de la inseguridad, cuyas raíces
se entrelazan con el crimen organizado transnacional (Peñafiel y Aguirre, 2023). Este fenómeno desafía no solo la capacidad
del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sino también su
capacidad para adaptarse a un entorno cada vez más globalizado y complejo.
Dentro del tejido social de Ecuador, la inseguridad se ha enraizado como una
preocupación creciente, alimentada por la rápida expansión del crimen
organizado en un mundo cada vez más interconectado (Peñafiel y Aguirre, 2023). En este escenario, el fortalecimiento de las
instituciones estatales, especialmente del sistema judicial, se erige como una
pieza clave en la lucha contra esta amenaza.
En el contexto del creciente desafío de la inseguridad
en Ecuador, el Consejo de la Judicatura ha tomado medidas decisivas para
fortalecer la capacidad del sistema judicial en la lucha contra la corrupción y
el crimen organizado. A través de la Resolución No. 190-2021, se establecieron
las circunstancias complementarias de los delitos que afectan los bienes
jurídicos protegidos, delineando así un marco más claro para el enjuiciamiento
de estos casos
(Consejo de la Judicatura, 2021).
Además, esta resolución también definió un catálogo
específico de delitos de corrupción y delincuencia organizada que serán
abordados por las dependencias judiciales especializadas. Como resultado de
estas medidas, en diciembre de 2022, se procedió al nombramiento de 14 juezas y
jueces especializados en estos tipos de delitos, con un banco de elegibles
establecido para futuros nombramientos en todo el país.
La intersección entre la corrupción y la inseguridad
en Ecuador presenta desafíos significativos en la protección del derecho a la
defensa. La corrupción en el sistema judicial socava la confianza pública en la
imparcialidad y la equidad del proceso legal, mientras que la inseguridad
genera un entorno en el que los ciudadanos enfrentan amenazas constantes a su seguridad
personal y jurídica, de tal forma, esta combinación de factores afecta
directamente el acceso a una defensa adecuada y justa para quienes enfrentan
cargos penales
(Peñafiel y Aguirre, 2023).
La corrupción dentro del sistema judicial, exacerbada
por la infiltración del crimen organizado, crea un ambiente en el que los
derechos legales de los ciudadanos pueden verse comprometidos. Los casos de
soborno, influencia indebida y manipulación de pruebas pueden llevar a
decisiones judiciales sesgadas e injustas, minando la capacidad de los
individuos para recibir una defensa justa y equitativa (Peñafiel y Aguirre, 2023). La falta de transparencia y rendición de
cuentas en el sistema judicial también contribuye a la sensación de impunidad y
desconfianza en la administración de justicia.
En este contexto de vulnerabilidad, el derecho a la
defensa se convierte en una pieza fundamental pero frágil del sistema judicial
ecuatoriano. Los ciudadanos se enfrentan a obstáculos significativos para
acceder a una representación legal efectiva y justa, ya sea debido a la
corrupción arraigada en el sistema judicial o a la inseguridad que permea la
sociedad (Peñafiel y Aguirre, 2023); la corrupción mina la confianza en la
imparcialidad del proceso legal, mientras que la inseguridad crea un entorno en
el que los individuos temen por su seguridad personal y jurídica al buscar
justicia. No obstante, se resalta la relevancia de la
cooperación internacional y la adaptación continua de las leyes para asegurar
un sistema de justicia que cumpla con los estándares más altos en la protección
de los derechos fundamentales. La protección efectiva de este derecho no solo
contribuye a la preservación de los derechos fundamentales, sino que también
refuerza la legitimidad y equidad del sistema judicial ecuatoriano.
Discusión
El derecho a la
defensa es un principio constitucional de gran alcance, aplicable a diversas
áreas legales, desde procedimientos civiles y administrativos hasta laborales,
tributarios y penales. En este contexto, el derecho a la defensa cobra una
importancia crucial al proteger el bien más valioso para los seres humanos: la
libertad (Benavides et. al., 2020). Por lo tanto, se enfatiza la necesidad de una
estricta observancia de este derecho en el ámbito penal, reconociéndolo como
una salvaguarda esencial para garantizar la justicia y preservar la integridad
de las personas involucradas en dicho proceso.
Con relación al
Derecho a la Defensa este se configura como una garantía del debido proceso en
el sistema judicial ecuatoriano de varias maneras. Se encuentra consagrado en
la Constitución y en las leyes del país, lo que le otorga un respaldo legal
sólido. Además, se reconoce la importancia de este derecho en la jurisprudencia
y en la práctica legal, asegurando que los acusados tengan acceso a abogados
competentes y a un proceso justo en todas las instancias judiciales. Esta
garantía se refleja en la atención que se presta a aspectos como la
notificación de los cargos, el acceso a pruebas relevantes y el derecho a ser
escuchado en todo momento.
El impacto del
Derecho a la Defensa como Garantía del Debido Proceso en Ecuador, es
significativo en varios aspectos. En primer lugar, este derecho asegura que los
ciudadanos tengan acceso a una defensa adecuada desde el inicio de cualquier
proceso legal, lo que contribuye a equilibrar la balanza entre el individuo y
el Estado en el sistema judicial. Además, el derecho a la defensa garantiza que
los acusados sean tratados de manera justa y que se respeten sus derechos fundamentales
durante todo el proceso legal, lo que fortalece la confianza en la justicia y
promueve la transparencia y la equidad en el sistema judicial ecuatoriano.
Los desafíos más
significativos que enfrenta la implementación efectiva del derecho a la defensa
en el sistema judicial ecuatoriano incluyen aspectos como los recursos
limitados y la calidad de la representación legal. En muchos casos, los
ciudadanos no tienen acceso a abogados competentes debido a limitaciones
económicas o a la falta de recursos públicos destinados a la defensa legal
gratuita. Además, la calidad de la representación legal puede variar
ampliamente, lo que puede afectar la efectividad del derecho a la defensa y
poner en riesgo los derechos de los acusados.
En comparación con
los estándares internacionales, las disposiciones legales relacionadas con el
derecho a la defensa en Ecuador están en línea con los principios fundamentales
de justicia y equidad. De acuerdo con Carrión
Sin embargo, existen
áreas donde pueden existir discrepancias o necesidades de mejora, especialmente
en lo que respecta al acceso equitativo a la defensa legal y a la calidad de la
representación legal. Una de estas es el fenómeno de la corrupción, el cual no
puede entenderse únicamente desde una perspectiva política o económica, pues
sus raíces se hunden en el suelo fértil de las costumbres arraigadas y las
tradiciones sociales. La corrupción, por ende, trasciende la esfera del poder y
la economía para amalgamarse con la estructura misma de la sociedad (Sánchez, 2021). Esta
realidad implica que cualquier intento por reducir su influencia debe abordar
no solo los aspectos tangibles y visibles, sino también las profundas raíces
culturales que la alimentan. Resulta esencial reconocer este aspecto, ya que
limitar el análisis de la corrupción a un simple desvío en las relaciones
económicas sería superficial e insuficiente. La lucha contra la corrupción
demanda un enfoque integral que comprenda su naturaleza multifacética y sus
ramificaciones en la sociedad.
La efectividad de la aplicación de la ley radica en su
capacidad para disuadir comportamientos corruptos. Cuando los servidores
públicos perciben que las consecuencias de sus acciones serán severas e
ineludibles, es menos probable que se involucren en prácticas corruptas como el
soborno (Cárdenas et. al, 2023); además, la transparencia y la firmeza en la
aplicación de sanciones envían un mensaje claro de que la corrupción no será
tolerada en ninguna circunstancia.
La transparencia y la rendición de cuentas son pilares
fundamentales en la administración de las finanzas públicas. Es imperativo
establecer mecanismos que permitan un escrutinio público adecuado de los
procesos financieros, así como requisitos específicos para prevenir la
corrupción en áreas críticas como el poder judicial y la contratación pública (Trujillo, 2021).
En el ámbito de la
seguridad, el Estado ha desplegado esfuerzos para enfrentar la violencia y la
criminalidad asociadas al crimen organizado, sin embargo, se ha vuelto evidente
que el combate a estas redes delictivas trasciende las fronteras nacionales. La
cooperación penal internacional se ha convertido en un pilar fundamental para
investigar y sancionar eficazmente estos delitos (Peñafiel y Aguirre, 2023).
Esto ha llevado a una reflexión profunda sobre el concepto mismo de
Estado-nación en un mundo globalizado, donde la soberanía y los límites
fronterizos ya no son suficientes para contener las acciones delictivas que se
mueven sin restricciones a través de fronteras y jurisdicciones. Este contexto
resalta la importancia de la cooperación internacional y la constante
adaptación de las normas legales para garantizar un sistema de justicia que
cumpla con los estándares más elevados en la protección de los derechos
fundamentales de toda la población, con énfasis en grupos poblacionales
especialmente vulnerables como la niñez y adolescencia, la mujer y los adultos
mayores.
Por otro lado, la inseguridad generalizada en el país
crea un ambiente en el que los ciudadanos enfrentan amenazas constantes a su seguridad
personal y jurídica. La presencia del crimen organizado y la delincuencia común
aumenta el riesgo de intimidación, violencia y represalias contra quienes
buscan ejercer sus derechos legales, incluido el derecho a la defensa. Esto
puede resultar en una inhibición del acceso a la justicia, ya sea por temor a
represalias o por la falta de recursos para asegurar una defensa adecuada.
El compromiso del Estado ecuatoriano con el
fortalecimiento de su sistema judicial es una señal alentadora en la lucha
contra la inseguridad, sin embargo, queda claro que el camino por delante es
arduo y requiere una cooperación continua entre todas las instituciones y
sectores de la sociedad para garantizar la seguridad y el bienestar de todos
los ciudadanos
(Bitar et. al. , 2022).
En este caso, el desafío se ve exacerbado por la
presencia omnipresente de la corrupción, que socava los esfuerzos por
desmantelar las organizaciones criminales. El poder económico de estas
entidades les permite corromper a agentes estatales, minando así los intentos
por desarticular sus operaciones ilícitas y burlar la justicia.
Para abordar esta situación compleja y multifacética,
se requiere una respuesta integral y coordinada que vaya más allá de simples
soluciones superficiales. Es crucial enfrentar tanto la corrupción sistémica
dentro del sistema judicial como las causas profundas de la inseguridad en la
sociedad ecuatoriana. Esto implica tomar medidas concretas para fortalecer la
independencia y la integridad del sistema judicial, asegurando la imparcialidad
y la transparencia en todos los niveles, además, se necesitan esfuerzos
concertados para abordar las condiciones socioeconómicas y políticas que
alimentan la inseguridad y la delincuencia en el país (Peñafiel y Aguirre, 2023).
Además, se pueden implementar medidas adicionales para fortalecer la
protección de los derechos de los acusados y garantizar un proceso legal justo
y transparente en todo momento. Una de estas medidas en la lucha contra la inseguridad que aqueja al país se encuentra dentro
del Código Orgánico de la Función Judicial, el cual ha incorporado
disposiciones clave, reflejadas en los artículos 230.1, 230.2 y 230.3. Estos
artículos establecen la creación de juezas y jueces de garantías penales
especializados, encargados de juzgar los delitos relacionados con la corrupción
y el crimen organizado
(Asamblea Nacional, 2020).
Estos jueces especializados no solo tienen la
responsabilidad de llevar a cabo la etapa de juicio y dictar sentencia, sino
también de realizar todos los actos procesales necesarios para garantizar la
dignidad, la humanidad y los derechos fundamentales de los involucrados. Entre
los delitos que tienen competencia para conocer se encuentran aquellos de
índole económica, el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización,
delitos contra los recursos mineros y la actividad hidrocarburífera, así como
aquellos relacionados con la estructura del Estado constitucional y el
terrorismo y su financiación
(Asamblea Nacional, 2020).
Esta medida representa un paso significativo en la
lucha contra la inseguridad en Ecuador. Al dotar al sistema judicial de jueces
especializados, se busca no solo garantizar una mayor eficiencia en la
administración de justicia, sino también enfrentar de manera más efectiva los
delitos que amenazan la estabilidad y el bienestar de la sociedad.
CONCLUSIONES
A lo largo de este estudio, se resalta la relevancia
del derecho a la defensa como un pilar fundamental del sistema jurídico
ecuatoriano, cimentado en la Constitución y respaldado por pactos
internacionales. El artículo enfatiza la progresión histórica del derecho a la
defensa en Ecuador, su función crucial en la búsqueda de justicia y la
salvaguarda de los derechos esenciales.
En primer lugar, se resalta que el derecho a la defensa
no solo beneficia a los individuos directamente implicados en procesos legales,
sino que también es fundamental para el funcionamiento eficaz y justo del
sistema judicial en su conjunto. Cuando se garantiza un acceso equitativo a una
representación legal competente, se fortalece la confianza de la sociedad en la
imparcialidad y la legitimidad del sistema legal.
Se subraya la aportación considerable del derecho a la
defensa en la protección de los derechos esenciales de los ciudadanos, con un
enfoque particular en el contexto del proceso penal, donde la libertad está en
riesgo. La evolución legislativa y jurisprudencial en Ecuador en los últimos
diez años ha reforzado este derecho, garantizando el acceso a una
representación legal competente desde el comienzo de los procesos penales. Sin
embargo, es crucial destacar que la protección del derecho a la defensa no solo
debe limitarse al ámbito penal, sino que debe extenderse a todas las áreas del
derecho donde se puedan ver afectados los derechos fundamentales de los
ciudadanos. Esto incluye situaciones como procesos administrativos, civiles y
de cualquier otra naturaleza en los que se involucren intereses legales
significativos.
En relación con los desafíos identificados en el
artículo, es importante enfatizar la necesidad de abordar no solo la escasez de
recursos y la sobrecarga judicial, sino también otros factores que pueden
influir en la efectividad del derecho a la defensa, como la calidad y la
disponibilidad de la formación para los abogados defensores. Además, la
implementación de tecnologías innovadoras en el ámbito legal podría mejorar la
eficiencia del sistema judicial y garantizar un acceso más equitativo a la
justicia.
Del mismo modo, otro de los desafíos que se pueden
identificar están relacionados con la corrupción presente en instituciones
judiciales, lo cual es un fenómeno constante dentro de la sociedad ecuatoriana.
Es necesario desarrollar e implementar un "sistema de integridad" que
incluya medidas preventivas, educativas y de fortalecimiento institucional.
Esto implica promover una cultura de ética y transparencia, así como fortalecer
las instituciones encargadas de investigar y sancionar la corrupción.
La cooperación internacional también desempeña un
papel crucial en el fortalecimiento del sistema judicial ecuatoriano. A través
del intercambio de mejores prácticas, la colaboración en programas de
capacitación y la asistencia técnica, Ecuador puede beneficiarse de la
experiencia y el conocimiento de otros países en la protección del derecho a la
defensa y la mejora del funcionamiento de su sistema legal.
En última instancia, es esencial subrayar que el
derecho a la defensa no es simplemente una formalidad jurídica, sino un
principio fundamental que garantiza la igualdad ante la ley y la protección de
los derechos humanos en Ecuador. Su preservación y fortalecimiento son
esenciales para mantener la integridad y la equidad en el sistema judicial y
para garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a una justicia justa y
transparente en todo momento.
CONFLICTO DE
INTERESES
Los
autores declaran que no existe conflicto de intereses para la publicación del
presente artículo científico.
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